Sobra la atención al ciudadano de un tiempo a esta parte
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Sobra la atención al ciudadano de un tiempo a esta parte
http://mediterraneo.diario16.com/gobierno-del-pp-trata-la-ciudadania-clientela/
(...)
Funcionarios obligados a actuar mal.
Pero aún peor es el trato que se les da a los funcionarios públicos de la Seguridad Social. No son funcionarios, y por tanto la cara visible y con derechos del Estado, sino meros coaches. Son guías para que el ciudadano aprenda a resolverse sus propios problemas. A ver si con suerte dejan de ir a quejarse y a pedir que se cumplan sus derechos, parece ser el pensamiento detrás de esas denominaciones. Lo peor es que ese coach está obligado a cumplir objetivos, fuera de su “función laboral” (de ahí que se les llame funcionarios), en beneficio de los Directores Provinciales. Han de hacer su trabajo sí, pero además en vez de solucionar las demandas ciudadanas, son “obligados” a derivar sí o sí a lo digital bajo fuertes presiones de los mandos. Una especie de comerciales de lo digital. De lo lejano. Donde el cabreo y el derecho quedan difuminados entre otros bytes.
La clave está en los TUSS (Tu Seguridad Social). En las transferencias a lo electrónico y digital. Las direcciones provinciales, como hemos podido atestiguar en diferentes oficinas a lo largo del país, obligan a los funcionarios a inscribir al ciudadano en lo electrónico. Gestionándole su usuario y clave de acceso, aunque no lo haya solicitado. En muchas ocasiones, según nos han contado, lo que se hace, en vez de derivar al ciudadano al ordenador, es ayudarle electrónicamente desde el propio puesto de trabajo. Lo que es una especie de “rebelión” del funcionario en muchas ocasiones. Pero también una imposición de la superioridad.
Muchos ciudadanos y ciudadanas de España son completamente inconscientes de tener una relación digital con la Seguridad Social, o la Administración. Les han hecho digitales para que señores y señoras que están en las Direcciones Provinciales puedan llevarse un dinero extra por los objetivos logrados. Entre 1.000 y 3.000 euros, según la cantidad de TUSS obtenidos (consciente o inconscientemente) que hayan grabado los funcionarios a su cargo. Por eso, según hemos podido comprobar en diversas oficinas, los jefes y jefas indican a cada funcionario la cantidad de TUSS que deben hacer diariamente, lo pidan o no los ciudadanos. Un fraude total en beneficio de los directivos estatales. Y con la presión para con los funcionarios de cumplir con esa obligación o poder ser expedientados.
La cara oculta de esa transición digital del gobierno del PP. Quienes presentaran datos y más datos sobre lo bien que está funcionando, de tener numerosos “clientes digitales”, pero que esconde una especie de fraude de reglamento que beneficia a unos cuantos con primas que no deberían estar cobrando. Porque no es el ciudadano quien conscientemente pide ser digitalizado. Le ponen una autorización delante para que firme, pero sin ser consciente de lo que está firmando. Y la mayoría de los casos con el temor de que no le tramiten su expediente si no firma. Una gran mentira que pretende, como nos han contado, acabar con la Administración Pública y privatizar hasta la última hoja de la misma.
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Funcionarios obligados a actuar mal.
Pero aún peor es el trato que se les da a los funcionarios públicos de la Seguridad Social. No son funcionarios, y por tanto la cara visible y con derechos del Estado, sino meros coaches. Son guías para que el ciudadano aprenda a resolverse sus propios problemas. A ver si con suerte dejan de ir a quejarse y a pedir que se cumplan sus derechos, parece ser el pensamiento detrás de esas denominaciones. Lo peor es que ese coach está obligado a cumplir objetivos, fuera de su “función laboral” (de ahí que se les llame funcionarios), en beneficio de los Directores Provinciales. Han de hacer su trabajo sí, pero además en vez de solucionar las demandas ciudadanas, son “obligados” a derivar sí o sí a lo digital bajo fuertes presiones de los mandos. Una especie de comerciales de lo digital. De lo lejano. Donde el cabreo y el derecho quedan difuminados entre otros bytes.
La clave está en los TUSS (Tu Seguridad Social). En las transferencias a lo electrónico y digital. Las direcciones provinciales, como hemos podido atestiguar en diferentes oficinas a lo largo del país, obligan a los funcionarios a inscribir al ciudadano en lo electrónico. Gestionándole su usuario y clave de acceso, aunque no lo haya solicitado. En muchas ocasiones, según nos han contado, lo que se hace, en vez de derivar al ciudadano al ordenador, es ayudarle electrónicamente desde el propio puesto de trabajo. Lo que es una especie de “rebelión” del funcionario en muchas ocasiones. Pero también una imposición de la superioridad.
Muchos ciudadanos y ciudadanas de España son completamente inconscientes de tener una relación digital con la Seguridad Social, o la Administración. Les han hecho digitales para que señores y señoras que están en las Direcciones Provinciales puedan llevarse un dinero extra por los objetivos logrados. Entre 1.000 y 3.000 euros, según la cantidad de TUSS obtenidos (consciente o inconscientemente) que hayan grabado los funcionarios a su cargo. Por eso, según hemos podido comprobar en diversas oficinas, los jefes y jefas indican a cada funcionario la cantidad de TUSS que deben hacer diariamente, lo pidan o no los ciudadanos. Un fraude total en beneficio de los directivos estatales. Y con la presión para con los funcionarios de cumplir con esa obligación o poder ser expedientados.
La cara oculta de esa transición digital del gobierno del PP. Quienes presentaran datos y más datos sobre lo bien que está funcionando, de tener numerosos “clientes digitales”, pero que esconde una especie de fraude de reglamento que beneficia a unos cuantos con primas que no deberían estar cobrando. Porque no es el ciudadano quien conscientemente pide ser digitalizado. Le ponen una autorización delante para que firme, pero sin ser consciente de lo que está firmando. Y la mayoría de los casos con el temor de que no le tramiten su expediente si no firma. Una gran mentira que pretende, como nos han contado, acabar con la Administración Pública y privatizar hasta la última hoja de la misma.
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